De forma masiva, llenos de ira y descontento, ciudadanos latinoamericanos de distintas naciones han salido a las calles en una ola de protestas sin precedentes.

Chile en Estado de emergencia, Haití desgarrada, Ecuador en Estado de sitio, Colombia y Venezuela en crisis humanitaria, Perú en crisis política, Bolivia enfrentada, Brasil paralizada, Argentina destruida, Paraguay agotada, Honduras destrozada, Guatemala vive su tragedia, El Salvador bajo el terror y México tratando de soltarse de las cadenas.

La región enfrenta un estado de ebullición que no discrimina entre gobiernos de derecha o izquierda, conservadores o progresistas. Las crisis internas se expanden sin distinción de ideologías.

Las masivas movilizaciones surgieron como rechazo a la precarización de su nivel de vida, y a la necesidad de una mayor participación social en las decisiones políticas.

Los manifestantes son reprimidas, hay muertos y heridos. Los militares retoman un temible protagonismo.

Pero, ¿qué está sucediendo realmente en América Latina?.

Algunos expertos sugieren que América Latina se encuentra inmersa en una Revolución Social. Otros aseguran que la región está en medio del juego geopolítico de Estados Unidos, China y Rusia.

En este vídeo vamos intentar entender la situación de la región analizando las protestas desde tres contextos distintos, el contexto social, geopolítico y monetario.


 

Contexto Social

Lo cierto detrás de toda esta explosión de hastío por las injusticias acumuladas, en repúblicas privatizadas hasta la médula.

El descontento social colmó de tensión, enfrentamiento y represión las calles y ciudades.

El 2019 ha sido un año de convulsión social en América Latina. Protestas sociales en Ecuador, Perú, Haití, Nicaragua y Chile; incendios en Brasil; crisis política en Venezuela; triunfos electorales de la izquierda en Bolivia, Argentina y Uruguay; asesinatos contra activistas en Colombia; un histórico aumento de la violencia en México y flujos migratorios sin precedentes desde Centroamérica.

A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte del complejo escenario político de la región.

Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.

Para el sociólogo Manuel Castells, los altos índices de corrupción política en América Latina se explican por la manera en que la región "se ha insertado plenamente en la globalización de forma contradictoria y conflictiva".

Durante la presentación del libro que escribió junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva América', Castells aseguró que la corrupción en el continente se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo del neoliberalismo.

"El neoliberalismo es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un foro del colectivo Para Leer en Libertad.

"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y conflictos populares que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells.


 

Contexto Geopolítico

Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la geopolítica global, donde la influencia de EE.UU. sigue siendo un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en la región y la influencia de China y Rusia cobra mas peso en la región.

Esto debido a la manera en que EE.UU. ha presionado políticamente, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal.

Ese hecho es clave para para entender el apoyo que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de la nación suramericana, y después al encabezar una sublevación armada, que fracasó en pocas horas.

Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio.

Pero la mano de EE.UU. no se ha limitado a la región sur del continente, ya que también ha tenido una participación determinante en la crisis política de Honduras, el país con mayor número de migrantes en el éxodo masivo de centroamericanos registrado en el último año.

En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009.

Desde entonces, los Gobiernos emanados después del golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras.

De ahí que algunos periodistas como el hondureño Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense.

En junio de 2019, una oleada de protestas contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se registró en las principales ciudades del país, en rechazo a las medidas impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de educación y salud.

La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del estadounidense Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense.

La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global por la pugna histórica entre los entre los proyectos nacionalistas y los defensores de la globalización financierista del proyecto neoliberal.

Lo vivido en Latinoamérica este mes parece mostrar no solo el malestar de la gente, sino también la obsolescencia de algunos instrumentos o liderazgos políticos, ya sea en el Gobierno o la oposición, que por ceguera, cansancio o acomodamiento no prevén lo que puede ocurrir y están haciendo poco o nada para evitar sufrimiento y empobrecimiento a la población.

En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e indignación son casos de corrupción que han afectado la estabilidad política de ambos países.

En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en realidad de un "golpe" de Estado.

Casi inmediatamente después, el Gobierno de Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento entre la población brasileña y masivas manifestaciones.

El escenario de encono abrió las puertas para que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se postulara nuevamente a la presidencia de su país, encabezando las encuestas de preferencia electoral por un amplio margen, previo a los comicios de octubre de 2018. Sin embargo, el aparato judicial encarceló a Lula, sin pruebas, por un presunto departamento obtenido en el caso de corrupción de Lava Jato.

El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en ese territorio.

Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40 % de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.

Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial.

Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los Gobiernos.

Una situación similar se vive en Perú, donde cuatro expresidentes han sido procesados judicialmente por corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

La trama de corrupción continúa aguas abajo y vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.

El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve.

Para algunos expertos, los casos de corrupción que enfrentan Brasil y Perú, y prácticamente todos los países de América Latina, están íntimamente ligados, a su vez, a la instauración del modelo neoliberal en la región.

Otro de las consecuencias que ha dejado ese modelo económico es la epidemia de violencia. Colombia y México son dos casos ejemplares de cómo se aplica la receta neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por la oleada de sangre a manos de grupos armados.

En Colombia, el descontento contra el presidente, Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre el deterioro del país.

La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada.

El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada para combatir al "régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase".


 

Contexto Monetario

Siete países de Sur América sometidos a los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) que han sucumbido al caos político. En la actualidad, son gobernados por el terror y el hambre. En el resto de América latina la situación es igual o peor.

América Latina, en gran parte, ha sido penetrada como nunca por la política de EEUU y los ajustes de su brazo financiero, el FMI. Los ajustes del FMI son iguales para todos los países de la región. Comienzan con una primera torcida del brazo, eliminando o reduciendo los gastos públicos. Sigue la aplicación del ‘shock’ privatizando todos los bienes públicos, ahorros de los trabajadores acumulados durante décadas en cuestión de unos pocos decretos. El siguiente paso es ‘flexibilizando’ la relación entre los trabajadores y los dueños de la propiedad (empresarios), que reduce en forma significativa los salarios.

La aplicación de los ajustes las realizan regímenes ‘fuertes’. Tienen que convencer por las buenas o por las malas a los trabajadores que su sacrificio es para el beneficio del país. Las medidas represivas van de acuerdo con la resistencia del pueblo: Pinochet en Chile, Fujimori en Perú, Salinas de Gortari en México y tantos otros. En Panamá los ajustes del FMI favorecieron a los dueños del capital de manera extraordinaria. En la década de 1970, el 66 por ciento de la riqueza producida en el país formaba parte de la masa de salarios que recibían los trabajadores. Para principios del siglo XXI la relación se había invertido, el 66 por ciento de las riquezas iban a los empresarios y sólo el 34 por ciento restante llegaba a los trabajadores y sus familias.

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido social registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de Argentina.

El drástico incremento en el precio de los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.

A cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el gasto público y aumentar la recaudación fiscal. Como consecuencia, el Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un subsidio de 1.400 millones de dólares anuales al diésel y la gasolina, situación que avivó el descontento de la población ante un previsible aumento de la inflación.

"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI recomendó aumentar los precios a los precios de combustible en julio de 2018, como parte de un paquete económico que busca aumentar los ingresos fiscales.

Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en octubre.

Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares donde la intervención del FMI se ha traducido en un descontento social.

En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la moneda en un intento por atraer inversión extranjera.

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina.

La crisis cambiaria, derivada de la manera en que Macri retiró las restricciones para la compra-venta de divisas con el fin de fomentar la libre circulación de capitales, provocó que el Gobierno argentino solicitara un nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones de dólares para tratar de sortear la crisis.

Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más endeudado de América Latina.

De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica "parecen haber sido exagerados".

El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas y represión policial durante el mes de octubre.

Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970.

De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que se anunció".

Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina.

Sin embargo, esto no significa que el crecimiento económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es considerado el séptimo país más desigual del mundo, junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, con un coefieciente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza.

Esos datos son la constatación de que Chile es un país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad de uno pobre, una situación que deriva en la precarización de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en un endeudamiento creciente ante la privatización de servicios básicos como agua y educación.

La aplicación de los ajustes van acompañados de promesas vacías que adormecen a los trabajadores por un rato. La promesa más popular que ofrecen los gobiernos de los empresarios es que la concentración de las riquezas entre los más ricos tiene un límite. La acumulación de riquezas pronto rebasará el vaso y caerá como un ‘chorro’ para beneficiar a los trabajadores y otros sectores que se han empobrecido. La promesa nunca se hace realidad. Al contrario, la pobreza se hace cada vez más intolerable y se rompe toda clase de comunicación entre ricos y pobres, entre capitalistas y trabajadores.